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La voz con César Vidal desde el exilio.

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I'm César Vidal, hoy is the March 17th of 2026, and I dirige to the Hispanoparlans of ambassador hemisferios, to the situation at one or other line del Atlantic and Pacific, and I think the lexit. The razor de aquella pena no era otra, sino la manera en que Don Rodrigo se había lucrado extraordinariamente con la corrupción durante el reinado de Felipe III. Recompensado con títulos nobiliarios como el de Marqués de Siete Iglesias o el de Conde de la Oliva de Plasencia, Don Rodrigo había aprovechado su posición en la Corte para lucrarse desvergonzadamente, sin otra oposición que la de la reina Consorte, que sin embargo no logró que se le detuviera. De hecho, cuando en el año 1611 falleció la esposa del rey, se llegó a remarar que Don Rodrigo había estado involucrado en la muerte. Finalmente, en 1619, don Rodrigo fue arrestado por acusaciones de corrupción y conspiración. Sin embargo, su amistad con el rey permitió que fuera encarcelado, aunque no ajusticiado. Solo al fallecer en 1621 Felipe III, su sucesor Felipe IV, ordenó la más que justificada ejecución. Su única concesión fue que al tratarse de un aristócrata no se le diera muerte por ahorcamiento, sino que fuera de Goyal. Don Rodrigo mantuvo hasta el último momento su repugnante soberbia, hasta el punto de que sería popular el dicho que afirmaba de alguien que había tenido más orgullo que don Rodrigo en la horca. En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias sobre una inmensa trama de corrupción in torno al antiguo ministro español de Hacienda, Cristóbal Montoro. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, en el año 2006, Cristóbal Montoro creó un despacho de abogados in which integrates su hermano ando relevante of the administration of Hacienda. De manera explícita, Montoro declaró that no iba a dedicarse al tráfico de influencias, aunque lo cierto is that he was member of the Parliament Europe and no abandoned su escaño a pesar de format del despacho. Second, entre los miembros más destacados del despacho de Montoro, aparte del mismo, se encontraba Ricardo Martínez Rico, antiguo Secretary of Estado de Presupuestos y Gastos con Aznar, que sustituiría a Montoro como presidente del despacho, y es hermano del subsecretario de Hacienda y Función Pública de Montoro. Ricardo Montoro, presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas entre 2000 y 2004, y hermano de Cristóbal Montoro. Luis de Guindos, Ministro de Economía de Rajoy y anterior presidente del Banco de Inversión Americano Lehman Brothers en España y Portugal. Manuel de Vicente Tutor, inspector de Hacienda y secretario del Consejo Económico y Socio Director del Área Fiscal y Regulatoria, así como Secretario del Consejo de la Empresa Fotovoltaica Solaria. Pilar Platero Sanz, a la que Montoro nombró su secretaria del Ministerio de Hacienda y presidenta de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, SEPI, el holding adscrito a Hacienda, del que depende la mayoría de las empresas estatales y las participaciones en cotizadas como Red Eléctrica Española, en Agas o Ebro. Miguel Crespo Rodríguez, que fue imputado por sus actuaciones relacionadas con Bankia. José Manuel Fernández Nornieella, que fue presidente del Consejo Superior de Cámaras de Comercio y Secretario de Estado y Hacienda con Rodrigo Rato, y que fue además condenado por el escándalo de las tarjetas BLAC. Salvador Ruiz Gayud, que fue director general de la Agencia Tributaria y director de Organización, Planificación y Relaciones Institucionales de Hacienda. Francisco de Asís Piedras Camacho, que durante la etapa de Aznar fue director del Gabinete de Montoro y consejero de SEPI, CESE y Paradores, entre otros cargos. José María Romero Vera, asesor de Cristóbal Montoro, en el Parlamento Europeo entre 2004 y 2008. Gonzalo Solana, colocado por el Gobierno en el Consejo de Administración de Enagas y presidente del Tribunal de Defensa de la Competencia. José Folgado, antiguo vicepresidente de COE y secretario de Estado de Energía y Presupuestos, con José María Aznar, y alcalde de Tres Cantos, municipio madrileño, que adcudicó varios contratos al despacho de Montoro. José María Michavila, antiguo ministro de Justicia con Aznar. Cobadonga Romero de Tejada, hija del antiguo Secretario General del Partido Popular Madrileño y alcalde de Mahada Honda, Ricardo Romero de Tejada, condenado por las tarjetas Black and apoderada en la constructora Dico, vinculada al empresario David Marjaliza, one of the cabecillas de la trama corrupta púnica. Finally, Ana Serrano, who sería Directora de Comunicación de Montoro in Hacienda. During the nine años siguientes, el despacho de Montoro facturó no menos de 42 millones y medio de euros, es decir, más de 7.000 millones de las antiguas pesetas, siendo su mejor ejercicio justo el de 2012, el año siguiente a la llegada al Ministerio de Hacienda de Cristóbal Montoro. Cuarto, ante la inminente llegada del Partido Popular al Poder con Mariano Rajoy, como en su día público el diario ABC, Montoro y otros miembros de su despacho celebraron comidas con empresarios en las que se les aseguraba que sería el próximo ministro de Hacienda a la vez que se repartían tarjetas de su despacho. Quinto, los rumores intensos y continuados de corrupción en relación con el despacho de Montoro se repitieron una y otra vez mientras fue ministro de Hacienda, destacando cuando presentó un proyecto de regulación que favorecía a una empresa energética y que era una copia totalmente exacta de lo que su despacho había elaborado para esa misma empresa a la que tenía como cliente. Sexto, desde hace años, la Fiscalía Anticorrupción ha investigado la presunta corrupción del despacho de asesoría creado por Montoro, pasando la investigación a la fiscal Carmen García Cerdá, del Juzgado de Instrucción No 2 de Cataluña. Séptimo, las actuaciones de la fiscal Carmen García Cerdá investigando a Montoro y sus secuaces se vieron obstaculizadas por el fiscal jefe Alejandro Luzón, que impidió que realizara una serie de diligencias indispensables. Esa negativa, más que discutible, del fiscal jefe, llevó a la fiscal Carmen García Cerdá a convocar a la veintena de funcionarios del órgano que lucha contra la corrupción para resolver el asunto. Octavo, las diligencias que bloqueó el fiscal jefe estaban relacionadas con Montoro y la investigación se hallaba dirigida hacia un grupo de personas con capacidad de presionar un gobierno y que presuntamente habían tratado de influir en decisiones legislativas. Esas personas contrataban los servicios del despacho de Montoro para asesorarse y conseguir decisiones favorables del Gobierno. Noveno. En otras palabras, presuntamente, cuando algún grupo de presión deseaba un cambio legislativo que fuera favorable a sus intereses, solo tenía que acudir al despacho fundado por Montoro para conseguirlo. Décimo. En este caso concreto, la investigación se abrió hace más de ocho años, en 2018, en el juzgado de instrucción número 2 de Tarraona, en relación con la existencia de una trama u organización cuya finalidad sería intervenir e influir decisivamente en reformas legislativas favorables para las empresas gasísticas englobadas en la Asociación de Fabricantes de Gases Industriales y Medicinales, Ajim, un décimo. Para lograrlo, según la tesis de los investigadores, contrataron los servicios de la Compañía de Montoro, y actualmente en el año 16 había cambiado de nombre a Global Afteri, una sociedad, según una resolución de la Audiencia de Tarragona sobre el caso, cuyos miembros vendrían desempeñando cargos al más alto nivel del Gobierno, Administración Central y Autómicas, creando una red de influencias sobre altos cargos y funcionarios del Ministerio de Hacienda para la obtención de beneficios fiscales a favor de dichas sociedades gasísticas mediante modificaciones legislativas que comportaban rebaja del impuesto eléctrico para dichas empresas. La Fiscalía interpretaba entonces que las cantidades obtenidas por dichos servicios por su cuantía y vacío valor jurídicos son las comisiones encubiertas para la consecución de las reformas legislativas pretendidas. X tercero, la investigación, abierta en julio de 2018, tuvo su origen en un hallazgo casual de unos correos electrónicos en el curso de otra investigación sobre delitos de ordenación del territorio que llevó al registro de la instalación de Meser Ibérica de Gases S.A. en la localidad de Vilaseca y Morel. A lo anterior se añadió una denuncia anónima que activó las investigaciones. Decimo cuarto, los delitos que el juez de Tarragona planteó entonces como posibles para justificar el control de comunicaciones de varios investigados incluían cohecho, fraude contra la administración pública, prevaricación, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas, malversación contra la hacienda pública, blanqueo de capitales, corrupción en los negocios, falsedad en documentos, delitos contra la libre competencia y pertenencia a organización criminal. De manera inquietante, en enero de 2022, la Audiencia revocó el control de las comunicaciones encargadas a los mozos de escuadra y a la Guardia Civil y lo hizo sorprendentemente a petición de la Fiscalía. Decimo sexto, resulta obligado recordar que ya en 2017 el Ministerio Público había querellado por prevaricación contra el despacho de Montoro ando Presidente del Consejo Superior de la Cámara de Comercio, Manuel Teruel. La querella iba referida a la presunta adjudication in 2012 al despacho de Montoro of a contrato que había violado la ley de contratos del Estado. Decimo séptimo. Entre los denunciados in this moment estuvieron el hermano del ministro, Ricardo Montoro, Ricardo Martínez Rico, antiguo Secretario de Estado de Presupuestos y Gastos, Salvador Ruiz, antiguo director general de la Agencia Tributaria, y Francisco de Asís, director del Gabinete de Montoro. XimoVIII. La querella estuvo más de dos años en el Juzgado de Instrucción No 22 de Madrid hasta el año 2019 en que fue archivada. 19. En 2023, la investigación de Montoro y su despacho provocó un claro enfrentamiento entre la fiscal García Cerdá y el jefe de anticorrupción. For esa razón, la Junta de Fiscales del Organo se reunió el 16 de septiembre de 2023 and de manera, de nuevo, muy sorprendente, una mayoría de 19 votos contra cinco se opuso a seguir investigando a Montor. A pesar de todo, la investigación no se detuvo, y ahora la Agencia Tributaria ha detectado una arquitectura financiera con mezcolanza de fondos y diseminación de los mismos a través de varias personas y cuentas bancarias que cree que sirvió al despacho vinculado a Cristóbal Montoro para ocultar los pagos recibidos de distintos clientes. Vigéso primero, en concreto ha localizado ingresos por no menos de 35 millones y medio de euros, unos 6.000 millones de las antiguas pesetas, entre 2008 y 2013, que procederían de empresas gasísticas investigadas, pero también de otros pagadores a los que hay que identificar. Vigésimo segundo, los datos aparecen en un informe de Hacienda, destinado al juzgado de instancia II de Tarragona, que investiga una supuesta trama urdida en torno al despacho de Montoro que tendría capacidad para influir en el Gobierno de Rajoy y para conseguir legislación haz la medida de las empresas gasistas. Vigésimo tercero. En esta causa, la Fiscalía aprecia presuntos delitos de cohecho, fraude contra la Administración Pública, prevaricación, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas, corrupción en los negocios y falsedad documental. Vigésimo cuarto, en su informe, la Agencia Tributaria identifica tres grandes fuentes de ingresos del despacho investigado, el fundado por Montoro. Por un lado, los flujos monetarios derivados de las reformas del impuesto especial eléctrico y del impuesto sobre actividades económicas. Y por otro, flujos monetarios que no se pueden concretar debido a las limitaciones de la información facilitada. Digésimo quinto. Respecto al primer bloque, el informe detalla que los pagos detectados que no existirían de no ser por el presunto concierto investigado entre el despacho y las empresas gasísticas para conseguir una rebaja del 85% en el IEEE se fragmentarían no solo en cuanto a su pagador e importe, sino también en el número de cuentas bancarias y de diversas sociedades vinculadas por las que traslegan dichos fondos, algunos de los cuales acabaron usándose para costear gatos gastos de los socios del despacho, mientras que otros desembocaron en diversas personas físicas y nuevas cuentas bancarias o activos de los que no se localiza información detallada. Vigéso sexto. El informe señala que, a pesar de figurar los ingresos fragmentados en pequeñas cuantías, ello no puede distraer la atención del hecho de que el importe total de ingresos inicialmente localizados en 2008-2013 supera los 35 millones y medio de euros percibidos en más de 2.100 operaciones, entre las que se encuentran las gasísticas investigadas, así como otros pagadores. VIXII. El informe plantea al juez la necesidad de ampliar la información facilitada a efectos, entre otros, de identificar pagadores hasta ahora desconocidos, así como las cuantías totales. Vécimo octavo. En el caso de las gasísticas, el informe calcula que entre 2011 y 2020 pagaron 991.613 euros, con 76 céntimos al despacho de Montoro. Los abonos se habrían hecho al ritmo de los hitos producidos en el ámbito administrativo para la obtención del beneficio fiscal pretendido y se habrían dilatado tanto para distanciarlos temporalmente de su razón de ser. Vigésimo noveno. El informe señala además que esa cuantía podría ser mayor, ya que se han localizado en cuentas bancarias ingresos superiores a los declarados por las empresas gasísticas y por el despacho de Montoro. Trigésimo, para ocultar esos datos de extrema gravedad, Montoro y sus cómplices recurrieron a dividir el importe total de fondos convenidos y cobrados entre las distintas gasísticas investigadas, de tal suerte que una vez fragmentados los pagadores, en un segundo paso se fraccionaba en pequeñas cantidades el importe correspondiente a cada uno para finalmente efectuar el ingreso en al menos dos cuentas bancarias diferentes. Trigésimo primero. El informe señala que hay pagos de pequeños importes, como puede ser 12.000, 18.000 o 36.000 euros, que totalizan cantidades por encima de los 800.000 euros que el despacho recibió entre 2011 y 2019 de manos de las empresas gasísticas para las que habría desplegado su influencia. A este importe se sumarían otras cantidades abonadas que no se han localizado en las cuentas del despacho de Montoro, pero que sí aparecen declaradas y que elevarían la suma a una cifra cercana al billón de euros. Trigésimo segundo. El informe señala incluso un cobro anticipado de esa prima de éxito pagada antes de que se cumpliera la condición formalmente establecida en los documentos analizados, lo que demuestra que las gasísticas investigadas eran conscientes, pagaban y se van a gloriaban mucho antes de lo pactado. Trigésimo tercero. Según el informe, la atomización de los pagos de los distintos clientes permitía mezclar cantidades de orígenes diferentes en bloques monetarios con trazas contaminadas que se introducían en el sistema financiero, moviendo el mayor valor monetario mediante sucesivas transferencias entre cuentas bancarias bajo el control de socios, exocios, cónyuges y sus sociedades vinculadas, así como de otras personas físicas. Trigésimo. Esta cadena de transmisiones se realizaría el albur de facturas que formalmente permitirían, frente a terceros, justificar y desligar dichos fondos contaminados de su verdadera causa, de su origen primario. Esta secuencia se repetiría numerosas veces hasta impedir también la identificación de los beneficiarios reales. Trigésimo quinto. Según el informe, los socios y ex socios de equipo económico, como es el caso de Cristóbal Montoro, se habrían servido de esos fondos con trazas contaminadas con una periodicidad mensual, lo que presuntamente pudiera asemejarse más a una velada distribución de beneficios no vinculada a su porcentaje societario que a una eventual remuneración por una prestación efectiva. Trigésimo sexto. El informe aprecia en estas conductas un patrón que pudiera presuntamente denotar que aquellos pagadores que satisficieran importes idénticos remunerarían prestaciones equivalentes, ajustadas a un eventual listado de precios por tipo de producto ofrecido. Así, en el periodo 2012-2019, identifica más de 320 abonos por 12.100 euros que suman más de 3,9 millones de euros, más de 40 abonos de 36.300 euros hasta alcanzar más de 1.600.000 euros. Y más de 50 abonos de 18.150 euros que totalizan más de 1.900.000 euros. Trigésimo séptimo. Por estas razones, la Agencia Tributaria exige del juez que reclame más información bancaria de Montoro, porque no se han facilitado las cuentas en las que aparece como titular o autorizado. A pesar de esa circunstancia, se han localizado siete transferencias en las que Montoro consta como destinatario in el concept bancario. Se trata de pagos que le hizo su despacho entre marzo de 2007 y febrero de 2008 por un importe global de 137.358 euros con 16 céntimos. No obstante, el informe señala que, según la información del resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta de Montoro, este habría percibido retribuciones del despacho únicamente en 2007 y por importe de€200.000 euros. Trigésimo octavo. Además de las transferencias realizadas a Montoro, la Agencia Tributaria también ha localizado pagos a su esposa realizados cuando ya no estaba unido al despacho. En concreto, dos envíos en octubre de 2008 y septiembre de 2010, que suman 9.450 euros con 69 céntimos. Trigésimo noveno. La queja de la Agencia Tributaria por la falta de información también se extiende a otros cuatro socios del despacho investigado: Ricardo Montoro, hermano de Cristóbal Montoro, la Subsecretaria de Hacienda y Administraciones Públicas entre 2011 y 2016, así como Socia del Despacho de Montoro entre 2009 y 2011, Pilar Platero, la Sociedad Servicios y Asesoramientos Limacar, y el antiguo ministro de Economía, Luis de Guintos. Cuadragésimo. En el caso de Platero hubo transferencias que superan los 349.375 euros con 73 céntimos. Y en el caso del hermano de Montoro, transferencias por un importe total de 168.340 euros con 37 céntimos. Cuadragésimo primero. En las cuentas bancarias facilitadas, entre las que no se encuentran las de Cristóbal Montoro, se han localizado numerosos cheques, transferencias, amortizaciones de préstamos, tarjetas bancarias, operaciones en el extranjero andes de pensiones seguros de vida cuyo detalle beneficiario no ha sido facilitado a la Agencia Tributaria. Como ejemplo, señala pagos por importe superior a 2.000 en más de 400 cheques, asumir ingresos por importe superior a 4.100.000 euros en más de 300 cheques en las cuentas facilitadas del despacho investigado, sus principales socios and sus sociedades vinculadas. También señala el informe that hay cajas de seguridad, inversiones financieras and transferencias cuyo origen y o beneficiario último se desconoce, lo que restringe notoriamente el análisis de trazability encomendado. Asimismo afirma que se han localizado transferencias de fondos a socios, ex socios del despacho investigado y cónyuges de los mismos. And 43o, aparte de lo sucedido en suelo español, Hacienda investiga también las actividades de Montoro y sus secuaces en el extranjero, por lo que ha solicitado al juez que reclame la colaboración de las autoridades de Estados Unidos, Alemania and Luxemburgo. La gestión de Cristóbal Montoro como ministro de Hacienda constituye uno de los mayores desastres morales y económicos de la historia contemporánea de España. Nada más llegar al poder subió o creó 51 nuevos impuestos, lo que tuvo como resultado directo la destrucción de millares de empresas and el desempleo de unos 2 millones de españoles. In paralelo, Montoro fue articulando medidas como la de otorgar bonus a los empleados de la Agencia Tributaria encargados de inspecciones, lo que constituye un claro acicate a la prevaricación castigado penalmente en países civilizados, como la de declarar exenta de prescripción la pena por tener bienes sin declarar en el extranjero, como la de conceder una amnistía fiscal escandalosa a grandes mandnates de los negocios y de las finanzas y políticos de todo tipo, como la de negarse a revelar la lista de los que aparecían en la lista Falchanic de evasores que habían defraudado a Hacienda llevándose su dinero a Suiza, o como la de realizar inspecciones masivas sin respetar el principio de irretroactividad de las leyes y además mediante interpretaciones nuevas de la legislación totalmente contrarias a las anteriores. En el año 2018, un conjunto de más de 30 catedráticos de Hacienda publicaron un documento denunciando los abusos intolerables que perpetraba la agencia tributaria a las órdenes de Cristóbal Montoro. El documento, conocido como la Declaración de Granada, fue el ataque más demoledor contra el funcionamiento de la agencia tributaria que se recuerda. La Declaración de Granada dejaba de manifiesto que con Montoro en España no existía una Hacienda pública normal, s un organismo de robo del ciudadano en el que al contribuyente se le priva de todos sus derechos, no pocas veces quebrantando la ley e incluso violando la Constitución. Por si fuera poco, principios elementales del Estado de Derecho son conculcados día a día por el Ministro de Hacienda y la gente a sus órdenes. Ni la igualdad ante la ley, ni el derecho a no untoiculparse, ni la presunción de inocencia, ni otros principios esenciales han sido respetados desde Montoro, y las consecuencias son catastróficas. Para Colmo, semejante violación de la legalidad, de la justicia e incluso del sentido común no sirvió de nada, porque con Montoro en Hacienda la deuda sería más del doble de la que ya sufría España en la época del nefasto Rodríguez Zapatero. Y porque además resulta innegablemente claro que la operación de expolio de los contribuyentes no ha pretendido jamás servir al bien común, sino a los intereses de las castas privilegiadas. Como si todo lo anterior no fuera poco, el golpe de Estado de Cataluña fue financiado por Montoro, según él mismo reconoció ante el Tribunal Supremo, sin que de manera ciertamente prodigiosa, de semejante testimonio, se dedujera causa contra él. Todo en la gestión de Montoro fue un desastre dañino y maligno, pero desde hace años las investigaciones señalan que hubo mucho, muchísimo más. Todo apunta a que Montoro creó un enorme tejido de corrupción que conectaba a lobbies poderosos con el gobierno del Partido Popular. Esos lobbies solo tenían que contratar los servicios del despacho fundado por Montoro para que actos seguidos introdujeran los cambios legislativos, se activaran las subvenciones, se agilizaran las compras y las ventas que les convenía. Bastaba contratar al despacho de Montoro para conseguir unos beneficios multimillonarios a través de la corrupción de la acción del Gobierno y del Parlamento. El último informe de la agencia, a pesar de sus carencias y de que Montoro se ha negado a entregar documentación esencial, apunta a sobornos que superaron ampliamente los 35 millones de euros. Lo que esto significaba para la nación, para sus ciudadanos, para el porvenir de España, no importaba una guía, porque tanto el despacho de Montoro como sus clientes podían saquear a manos llenas la riqueza nacional gracias a sus puestos estratégicos en el gobierno, la administración y la empresa. Era de esperar que esta trama descubierta al azar fuera objeto de un especial interés por parte de la Fiscalía Anticorrupción. Sin embargo, sucedió lo contrario. Los números 1 y 2 de la Fiscalía Anticorrupción y la mayoría de sus miembros decidieron hace años que no se realizaran las actuaciones que podrían colocar a Montoro y a su despacho en el banquillo. Es decir, el Ministerio Público no actuó como era su obligación a favor del pueblo, sino que lo hizo evitando que se investigara a corruptos de elevadísimos vuelos. Sin embargo, la persistencia del juez de Tarragona y la investigación de la agencia tributaria han impedido echar tierra sobre el asunto, proporcionando indicios de una estructura criminal dirigida por Montoro y en la que sus secuaces en su despacho y en la administración del Estado recibieron docenas de millones de euros en sobornos para cambiar la legislación y la marcha de la nación en lo que posiblemente sea el caso de corrupción más grave del siglo XXI en España. Es desde luego posible que Montoro escape de rendir cuentas a la justicia, como ha sucedido hasta la fecha con Jordi Pujol o con Griñán y otros condenados por el caso de los seres. De ser así, solo quedaría confirmado que en España la Administración de Justicia no es ciega, sino muda, sorda y manca cuando ha de dirigirse contra la gran corrupción de las oligarquías y de sus aliados políticos. Sin embargo, no hay que perder la esperanza, porque los indicios de la existencia de una inmensa red criminal dirigida por el ministro Montoro son inmensos, y todo apunta a que se extendió incluso a cuentas situadas in naciones extranjeras como los Estados Unidos oremania. Quizá this has justice, and Montoro and sus secuaces don't escape at a just castigo, as much as the famous Don Rodrigo in the orca. But not for the disanimous frustration, and the poderosos much gigantic, it's also because they contemplate the rodillas, and the hour to pay them. Que Dios los bendiga.

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Sección patrocinada mediante crowdfunding con el siguiente mensaje: Nuestro Señor Jesucristo, el único Dios verdadero, es misericordioso y nuestro Salvador.